La Constitución de Chile (1980) dice que "los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". Esto significa que uno de los principales recursos del país y del mundo está en manos privadas. Según la Dirección General de Aguas (DGA), a la fecha son más de 25 mil los derechos de agua que existen en el país, la mayoría de los cuales se concentra en una decena de empresas privadas.

Esta es una situación que sólo se da en Chile, según el senador PPD Guido Girardi, quien ayer visitó al ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, para solicitar que apoye el proyecto de ley que busca nacionalizar el recurso hídrico y que será enviado al Parlamento próximamente. En la reunión, Girardi explicó que el proyecto de ley pretende cambiar la Constitución que hoy consagra a los privados el uso del vital recurso.

"Hay que cambiar ese concepto por este otro: declárense de utilidad pública … todas las aguas de la nación y los derechos que sobre ellas se hayan constituido o reconocido. Con ello las aguas volverán a ser de los chilenos o las chilenas, volverán a pertenecer a la nación, y las podrán concesionar … y tendrán que someterse a regulaciones", dijo.

Cambio Constitucional

Bitar, por su parte, anunció que dará otro paso en una línea similar: que se establezca la caducidad en los derechos de agua si éstos no han sido usados después de cierto tiempo. Girardi agregó que esta medida requiere un cambio constitucional. "Para lograr la caducidad de aquellos que tienen los derechos de agua y no la estén usando, se requiere justamente cambiar este artículo que menciono", dijo.

El ministro recordó que esta norma fue rechazada en el gobierno de Patricio Aylwin, argumentando su inconstitucionalidad. "La Constitución del 80 estableció en el número 24 del Artículo 19 que los derechos se configuran en propiedad y no habló de caducidad; y, por lo tanto, habría que reformar la Constitución para permitir la caducidad. Es decir, tú asignas el derecho para uso de agua, y si esa persona no lo usa, puede poner en riesgo el agua potable de los demás chilenos, porque quiere hacer un negocio", dijo.

Reacciones

El senador PS Alejandro Navarro aplaudió la iniciativa y dijo que "a las empresas privadas habrá que indemnizarlas debida y proporcionalmente, teniendo en cuenta que al momento de transferir esos usos fue sin costo alguno para ellas", sostuvo, recordando que el proceso de nacionalización del cobre contó en su momento con el apoyo de la derecha.

No tan convencido se mostró el senador PPD Roberto Muñoz Barra, quien dijo que "en la teoría me parece bastante bien, porque un litro de agua vale mucho más que un litro de alguna bebida u otro elemento. Pero vuelvo a insistir en que tendremos que conocer el proyecto en su contexto general y su globalidad y desde esa perspectiva comenzar el trabajo legislativo".

Quien lo rechaza de plano es el senador RN Carlos Kuschel, quien cree que una medida de este tipo será perjudicial: "Se parece a la nacionalización del gas en Bolivia. Eso termina inhibiendo la inversión. Lo que hay que hacer es tener un buen marco regulatorio que quizá hay que mejorarlo, pero no nacionalizar, porque al final nadie es dueño de nada y al final no se genera nada. Con el cobre también nos pasó, tenemos más cobre privado que estatal. Vamos a terminar como los bolivianos, que privatizaron el gas y están sentados en él sin explotarlo".

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