El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, propone recibir recursos compensatorios para evitar la explotación petrolera en un área protegida de la Amazonía ecuatoriana.

Una inédita moratoria es el desafío que lanzará Quito a la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático a realizarse en diciembre próximo en Copenhague, a cambio de fondos equivalentes a la mitad de lo que recibiría Ecuador si explotara esos hidrocarburos.

La ONU busca un nuevo acuerdo para frenar el temido calentamiento del planeta causado por los gases contaminantes emitidos por la actividad industrial. El Pacto de Kyoto II, sucesor del primero firmado en esa ciudad japonesa en 1997, contempla la creación de un poderoso fondo multilateral contra el cambio climático para impedir el aumento de la temperatura terrestre en dos grados centígrados. Hasta 2030 este fondo contará, según la Agencia Internacional de Energía, con 10 mil 500 millones de dólares, debiendo los países más ricos cubrir la mitad del gasto.


LAS VACILACIONES DE CORREA

Luego de muchas dudas y retrocesos, con la búsqueda de compensaciones en la mira, el presidente Rafael Correa venció la tentación de explotar junto con petroleras privadas y monopolios estatales de países vecinos (como Venezuela y Bolivia) una reserva petrolera de unos 850 millones de barriles descubierta en el Parque Yasuní, reserva natural en la Amazonia ecuatoriana con una de las biodiversidades más ricas del mundo. Con un factor de recuperación de 10 por ciento de ese hidrocarburo, según la tecnología actual, y con un precio promedio de 70 dólares el barril, la explotación de este petróleo pesado significaría para Ecuador entre cinco y seis mil millones de dólares.

Las reservas de hidrocarburos del Parque Nacional Yasuní en la Amazonia ecuatoriana alcanzan casi 20 por ciento del total conocido en el pequeño país, cuya economía está anclada a la renta petrolera: en 2008 el oro negro brindó casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto (23 por ciento), dos terceras partes de las exportaciones (63 por ciento) y casi la mitad del presupuesto del gobierno (47 por ciento). El proyecto de Ecuador supera la visión del primer Protocolo de Kyoto, orientado a la absorción de las emisiones contaminantes mediante los denominados “bonos de carbono”, que son compensaciones económicas de los países industrializados destinados a la conservación ecológica por cada tonelada de CO2 que exceda una cuota fija de contaminación permitida. Pero Quito no sólo habla de absorber las emisiones con reforestación, sino de evitarlas antes; pero aunque intentó vincular el singular proyecto Yasuní al mercado de bonos de carbono, esta pretensión no prosperó y el país tuvo que diseñar su propio camino.

La primera reacción positiva llegó este año desde Alemania, cuna del movimiento ecologista global: el Parlamento y el gobierno de Angela Merkel se comprometieron a financiar este proyecto con unos 50 millones de euros anuales, 650 millones de euros por 13 años, tiempo que duraría el beneficio que produciría la explotación del crudo del parque nacional Yasuní. Otros países como Noruega y organizaciones como la Comunidad de Madrid y decenas de personalidades respaldan la idea.

El economista Alberto Acosta es uno de los creadores del proyecto. Fue presidente de la Asamblea Constituyente hasta junio de 2008 y ministro de Energía en 2007, cuando propuso el esquema por vez primera. Fundador del Movimiento País, organismo político del presidente Correa, Acosta lanzó la iniciativa siendo ministro de Estado, lo que generó sucesivos choques con el presidente, a quien ahora le cuestiona su “estilo autoritario” (M Semanal 615, 27-07-09). Acosta explica a M Semanal su iniciativa: el proyecto Yasuní, conocido como ITT (siglas de los tres mayores pozos de exploración ya perforados en el parque amazónico: Ishpingo-Tambococha-Tiputini), es el mascarón de proa de una “revolución ecológica”, un modelo alternativo de desarrollo a partir de una economía postpetrolera para el mundo que, sólo en la Amazonia ecuatoriana, ofrece impedir la emisión de unas 410 millones toneladas de gas carbono y frenar la deforestación y la contaminación de los suelos que provocaría un colapso de los mantos de agua dulce en el continente.

EL ORIGEN DE UNA IDEA EXÓTICA

La idea surgió al calor de las luchas de resistencia de los pueblos indígenas en el centro sur de la Amazonia, orientadas a impedir la actividad petrolera en sus territorios; también de los grupos de colonos mestizos en la Amazonia norte y de los pueblos indígenas afectados por la actividad de la compañía Chevron, antes Texaco, lo que generó un juicio contra la petrolera por daño ecológico masivo. La enorme biodiversidad de la Amazonia —resume Acosta— se produjo al no haber sido afectada por la glaciación del planeta en la última era del hielo, cuando el norte y el sur fueron copados por glaciares. Las selvas que convirtieron en crudo sus entrañas son reservas de la era del Pleistoceno. Allí se concentró la vida y desde allí se repobló lo que hoy es esta zona amazónica. En un solo árbol del Yasuní puede haber mayor número de especies de escarabajos nativos que en toda Europa, y en una hectárea amazónica hay mayor número de especies de árboles nativos que en toda América del Norte, ilustra Acosta, quien recuerda que la propuesta provocó enfrentamientos dentro del gobierno de Correa, quien al principio tuvo algunos reparos debido a las urgencias económicas del empobrecido Ecuador: “Les resultó inconcebible que el propio ministro de Energía propusiera dejar el petróleo en el suelo y no explotarlo”, comenta Acosta al recordar las críticas.

Como titular de Energía, Acosta presidía el directorio de Petroecuador y así se enfrentó con el director ejecutivo de la empresa estatal, Carlos Pareja, determinado a sacar el petróleo amazónico y quien presionaba dentro y fuera del gobierno para acelerar su explotación así como el finiquito de los trámites para entregar el yacimiento a varias empresas petroleras. El funcionario negociaba en secreto con las empresas estatales de Chile (Enap), China (Sinopec) y Brasil (Petrobras) y conversaba bajo la mesa con la estatal venezolana (PDVSA, la joya de la corona de Hugo Chávez) para extraer rápidamente millones de toneladas de hidrocarburos. Esto hasta que una mañana Correa escuchó los argumentos enfrentados y optó por apoyar las tesis de su amigo Acosta: dejar el petróleo en tierra, siempre que se logre una compensación financiera internacional porque el tema económico, más que el ecológico, siempre fue el centro del debate. Quizá por eso el mandatario osciló errático después, entre un mar de presiones, y un día decía una cosa en el extranjero y al siguiente día lo contrario en Ecuador, hasta que pasó la aprobación final de la veda hacia medidos de 2009.

Durante las discusiones entre Correa y Acosta, el ministro aseguraba al presidente que la extracción de petróleo por sí sola no era suficiente para desarrollar al Ecuador, país con una larga tradición de explotación petrolera en la Amazonia y que aun así no se ha desarrollado. Comenzó a exportar el petróleo amazónico desde que fluyó por primera vez en 1967, y desde agosto de 1972, cuando zarpó el primer cargamento de crudo al extranjero, se han extraído más de cuatro mil millones de barriles de petróleo con valor de unos 90 mil millones de dólares. “Y no nos hemos desarrollado”, lamenta Acosta.

Hay también razones étnicas: allí viven pueblos “no-contactados” que forman parte de la nacionalidad Waorani, en aislamiento voluntario. La actividad petrolera de Chevron-Texaco entre los años sesenta y noventa del siglo XX provocó la desaparición de dos pueblos enteros, los Tetetes y los Sansahauris, entre denuncias que incluyen violencia sexual, abortos espontáneos, discriminación y racismo. Por último, el mero hecho de extraer ese petróleo pesado con alto contenido de azufre no sólo afectaría a la biodiversidad, sino que provocaría una emisión de unas 410 millones toneladas de CO2.

PETRÓLEO: LA SAVIA DEL AUTORITARISMO

El experto concluye que Ecuador, como todos los países que han pretendido desarrollarse con base en la exportación de petróleo y los recursos minerales, “ha consolidado una economía rentista, clientelismo político y gobiernos de tinte autoritario”. Es una cuestión que todavía está en disputa dentro del gobierno del presidente Correa y, también, en los gobiernos aliados en la región, sobre todo Venezuela y Bolivia, pero también Argentina y Brasil.

Quito mantiene abierta la opción del mercado de “bonos carbono” para los recursos adicionales obtenidos de la colocación de los Certificados de Garantía Yasuní. Con esos réditos financiaría proyectos de reforestación y el desarrollo de energías alternativas renovables para construir un camino distinto, el camino del “buen vivir” o Sumak Kawsay, en lengua aborigen. La administración de los fondos estaría a cargo de Naciones Unidas bajo el principio de corresponsabilidad del planeta.

—¿Y si hay un cambio de gobierno?

—Una base constitucional impide actividades petroleras en áreas protegidas y en territorios de pueblos aislados —dice el economista y ex ministro—; para hacerlo se requeriría de una autorización de la Asamblea Nacional y eventualmente de una consulta popular. Y si se extrae el petróleo, ese petróleo extraído pasaría a ser propiedad de quienes aportaron al fondo.

ALIADOS BOLIVARIANOS: INCONGRUENTES

Correa planteó la idea de la veda a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) —que su colega Hugo Chávez considera un arma geopolítica—, junto a la necesidad de introducir un impuesto a cada barril de petróleo que salga del subsuelo para crear un fondo ambientalista mundial, pero la propuesta no ha prosperado. El líder ecuatoriano enarbola además una iniciativa del Banco del Sur para un fondo de reservas latinoamericano relacionado con el Sistema Único de Compensación Regional, y apoya la iniciativa del Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana, pero el acompañamiento de Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Kirchner o Daniel Ortega es menos eficaz que su estridente retórica integracionista.

Un caso muy decepcionante para Correa es el de Evo Morales en Bolivia: aunque la nueva Constitución boliviana está inspirada en el desarrollo sostenible, la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, el líder indígena boliviano denunció recientemente a algunas organizaciones no gubernamentales que “usan a algunos dirigentes sindicales para oponerse y no facilitan las licencias ambientales para que haya más pozos y más petróleo”. Una paradoja: Evo reprochó a gritos a estas ONG que plantearon un proyecto para evitar se perfore en la Amazonia siguiendo la idea de Ecuador. Entonces quedó clara la esencia del modelo de Morales: “¿De qué, entonces, es que va a vivir Bolivia, si algunas ONG dicen ‘Amazonia sin petróleo’ (...) Están diciendo, en tres palabras, que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya regalías, pero también van diciendo que no haya el bono Juancito Pinto, ni la Renta Dignidad, ni el bono Juana Azurduy”, dijo Evo aludiendo a sus programas sociales, cuyos recursos provienen de la renta de la explotación de hidrocarburos, sobre todo gas.

Igual que las proclamas de Chávez para explotar con petroleras privadas y estatales de todo el mundo las reservas de crudo extrapesado en la cuenca del imponente río Orinoco, Evo sintetizó así los prejuicios, desconfianzas y estigmatización del tema ambiental por parte de los gobiernos que impulsan el denominado “socialismo petrolero”.

 

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