Es una de las formas más importantes de aplicación del principio de precaución. Quienes proponen actividades que podrían resultar perjudiciales para el medio ambiente tienen la obligación de demostrar que son seguras o aceptables, en lugar de ser quienes se oponen a dichas actividades los que estén obligados a demostrar que efectivamente son dañinas.

Fuente: UICN, 2005. The Precautionary Principle Project, Pautas para aplicar el principio de precaución a la conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales.

 

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